Política agraria y reparto de tierras

 La política agraria y el reparto de tierras fueron uno de los pilares fundamentales del proyecto revolucionario en México, y su implementación durante el Maximato reflejó tanto los avances como las limitaciones de este proceso. Después de la Revolución, una de las demandas más urgentes era la redistribución de la tierra, que había estado concentrada en manos de unas pocas familias y empresas extranjeras durante el Porfiriato. Aunque la Constitución de 1917 estableció las bases para la reforma agraria, su implementación fue lenta y enfrentó numerosos obstáculos, tanto políticos como económicos. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y sus sucesores, el reparto de tierras se convirtió en una herramienta clave para consolidar el apoyo de los campesinos al régimen revolucionario. 

El reparto de tierras durante el Maximato estuvo marcado por un enfoque pragmático, que buscaba equilibrar las demandas de los campesinos con los intereses de los terratenientes y las empresas agrícolas. Aunque se distribuyeron millones de hectáreas a comunidades rurales, el proceso fue desigual y en muchos casos insuficiente para resolver los problemas estructurales del campo mexicano. Además, la falta de apoyo técnico y financiero para los ejidatarios limitó la productividad de las tierras repartidas, lo que generó frustración entre los beneficiarios. Como señala Womack (1968), "El reparto de tierras fue una respuesta directa a las demandas históricas de los campesinos, pero su implementación estuvo plagada de desafíos, incluyendo la resistencia de los terratenientes y la falta de recursos para apoyar a los nuevos ejidatarios" (p. 210). A pesar de estas limitaciones, el reparto de tierras ayudó a consolidar el apoyo de los campesinos al régimen revolucionario, especialmente en regiones donde la concentración de la tierra había sido más extrema. 

Uno de los principales mecanismos para llevar a cabo la reforma agraria fue la creación de ejidos, tierras comunales que se otorgaban a grupos de campesinos para su cultivo colectivo. Sin embargo, la implementación de este sistema enfrentó numerosos desafíos. Por un lado, muchos terratenientes se resistieron a ceder sus tierras, lo que generó conflictos y enfrentamientos en diversas regiones del país. Por otro lado, la falta de infraestructura y recursos para apoyar a los ejidatarios limitó la efectividad del sistema. Aunque el gobierno promovió la creación de bancos agrícolas y programas de crédito, estos esfuerzos resultaron insuficientes para transformar de manera significativa las condiciones del campo mexicano. 

A pesar de estos desafíos, la política agraria del Maximato sentó las bases para una mayor intervención del Estado en el sector agrícola. Durante este período, se crearon instituciones como la Comisión Nacional Agraria, encargada de supervisar el reparto de tierras y resolver los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra. Además, se promovió la creación de cooperativas agrícolas y se fomentó la modernización de las técnicas de cultivo. Sin embargo, estas iniciativas tuvieron un impacto limitado debido a la falta de recursos y a la resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. La reforma agraria también tuvo importantes implicaciones políticas. Por un lado, ayudó a consolidar el apoyo de los campesinos al régimen revolucionario, especialmente en regiones donde la concentración de la tierra había generado un profundo malestar social. Por otro lado, el reparto de tierras sirvió como una herramienta para debilitar a los antiguos terratenientes y reducir su influencia política. Sin embargo, este proceso también generó tensiones entre el gobierno y los sectores empresariales, que veían en la reforma agraria una amenaza a sus intereses económicos. Uno de los aspectos más controvertidos de la política agraria durante el Maximato fue su carácter selectivo. Aunque se distribuyeron millones de hectáreas, muchas de las tierras repartidas eran de baja calidad o estaban ubicadas en zonas remotas, lo que limitaba su potencial productivo. Además, el proceso de reparto estuvo marcado por la corrupción y el favoritismo, lo que generó descontento entre los campesinos que no recibieron tierras o que recibieron parcelas insuficientes. Estas limitaciones reflejaban las tensiones entre los objetivos sociales de la reforma agraria y las realidades políticas y económicas del país. 

A pesar de sus limitaciones, la política agraria del Maximato representó un avance importante en la lucha por la justicia social en México. Aunque el reparto de tierras no resolvió todos los problemas del campo, sentó las bases para una mayor intervención del Estado en la economía rural y para la consolidación del proyecto revolucionario. Además, la reforma agraria ayudó a fortalecer el papel del Estado como mediador entre los diferentes sectores de la sociedad, un rol que se reforzaría en las décadas siguientes. la política agraria y el reparto de tierras durante el Maximato fueron un componente clave del proyecto revolucionario en México. Aunque el proceso estuvo marcado por limitaciones y contradicciones, representó un avance importante en la lucha por la justicia social y la redistribución de la riqueza. A pesar de los desafíos, la reforma agraria sentó las bases para una mayor intervención del Estado en la economía rural y para la consolidación del régimen revolucionario.