INTRODUCCION

 A principios del siglo XX, México emergía de una de las etapas más convulsas de su historia: la Revolución Mexicana. Este conflicto, que estalló en 1910, no solo derrocó al régimen de Porfirio Díaz, sino que también desencadenó una serie de luchas internas entre facciones revolucionarias con visiones contrapuestas sobre el futuro del país. Para 1920, la Revolución había dejado un país fragmentado, con una economía debilitada y una sociedad profundamente dividida. Sin embargo, también había sembrado las semillas de un nuevo proyecto nacional, basado en ideales de justicia social, reforma agraria y soberanía nacional. El desafío era transformar estos ideales en realidades concretas, un proceso que no estaría exento de tensiones y contradicciones. 

En este contexto, la figura de Plutarco Elías Calles emergió como una de las más influyentes. Calles, quien había participado activamente en la Revolución, asumió la presidencia en 1924 con la misión de consolidar el proyecto revolucionario. Durante su mandato, implementó políticas anticlericales y reformas agrarias que buscaban limitar el poder de la Iglesia Católica y redistribuir la tierra. Sin embargo, estas medidas generaron resistencias, especialmente en las zonas rurales, donde la Iglesia mantenía una fuerte influencia. Esta tensión culminó en la Guerra Cristera (1926-1929), un conflicto armado que enfrentó al gobierno federal con grupos católicos y que dejó una profunda huella en la sociedad mexicana. 

Mientras tanto, la economía mexicana enfrentaba desafíos estructurales derivados de la Revolución. El país dependía en gran medida de las exportaciones de materias primas, como el petróleo y los minerales, cuyos precios fluctuaban en los mercados internacionales. Además, la concentración de la tierra en manos de unas pocas familias y empresas extranjeras perpetuaba la desigualdad en el campo. Aunque la Constitución de 1917 había establecido las bases para una reforma agraria y laboral, su implementación fue lenta y enfrentó numerosos obstáculos. El gobierno revolucionario buscaba modernizar la economía y reducir la dependencia de los mercados internacionales, pero carecía de los recursos y la infraestructura necesarios para lograrlo.

En el ámbito político, la Revolución había dejado un panorama fragmentado, con caudillos regionales y facciones revolucionarias compitiendo por el poder. Para evitar nuevos levantamientos armados y consolidar un sistema político estable, Calles promovió la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. Este partido, que aglutinó a generales, líderes obreros y campesinos, se convirtió en un instrumento clave para centralizar el poder y garantizar la continuidad del proyecto revolucionario. Sin embargo, el PNR también fue criticado por su carácter autoritario y su falta de democracia interna, lo que generó tensiones entre el gobierno y los sectores más radicales de la sociedad. 

La educación fue otro frente de batalla en la construcción del nuevo México. Durante el Porfiriato, el sistema educativo había estado dominado por la Iglesia Católica y las élites conservadoras. La Constitución de 1917 estableció las bases para un sistema educativo público, gratuito y laico, que promoviera los valores de la Revolución. Sin embargo, la implementación de estas reformas enfrentó resistencias, especialmente en las zonas rurales, donde la Iglesia mantenía una fuerte influencia. Como afirma Vaughan (1997), "Las reformas educativas de los años treinta no solo buscaban alfabetizar, sino también construir una identidad nacional basada en los valores de la Revolución Mexicana, lo que generó tensiones con los sectores más conservadores de la sociedad" (p. 45). A pesar de estos desafíos, el gobierno revolucionario logró avances significativos en la expansión del sistema educativo y la promoción del laicismo.

En el ámbito laboral, el movimiento obrero comenzó a ganar fuerza durante las primeras décadas del siglo XX. Organizaciones como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) jugaron un papel clave en la negociación de los derechos laborales y en la promoción de los intereses de los trabajadores. Sin embargo, la relación entre el gobierno y los sindicatos no siempre fue armoniosa, ya que el régimen revolucionario buscaba mantener el control sobre el movimiento obrero y evitar que este se radicalizara. Esta tensión se reflejó en la creación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, que estableció un marco legal para las relaciones laborales pero también limitó la autonomía de los sindicatos. 

En el escenario internacional, México buscaba mantener su soberanía frente a las presiones de las potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos. La cuestión petrolera fue uno de los principales puntos de tensión, ya que las compañías extranjeras se resistían a cumplir con las regulaciones y a pagar impuestos justos. A pesar de estos conflictos, la relación entre ambos países también tuvo momentos de cooperación, como la mediación del embajador estadounidense Dwight Morrow para resolver la Guerra Cristera. Este contexto internacional influyó en las políticas económicas y sociales del gobierno revolucionario, que buscaban reducir la dependencia de los mercados internacionales y fortalecer la economía interna.

En este escenario complejo y lleno de desafíos, el Maximato (1928-1934) se convirtió en una etapa crucial para la consolidación del Estado posrevolucionario. Aunque este período estuvo marcado por tensiones y contradicciones, sentó las bases para un sistema político más estable y para la implementación de reformas clave que transformaron la sociedad y la economía mexicanas. La llegada de Lázaro Cárdenas al poder en 1934 marcó el inicio de una nueva etapa, en la que los ideales de la Revolución se convirtieron en una realidad para millones de mexicanos. Este legado, aunque complejo y controvertido, definió el rumbo de México durante las siguientes décadas.